La tramitación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) ha quedado aplazada, al menos hasta que se resuelva el Proceso de Evaluación Mutua de Profesiones Reguladas que está llevando a cabo la Comisión Europea. El Gobierno no la tramitará en esta legislatura según declaró hace unos días el Ministro de Economía.

Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional (UP), organización de la que forman parte 35 Consejos generales de Colegios profesionales en representación de más de un millón de adscritos a estos organismos, había declarado que la ley era inaceptable y destacó el papel positivo que los Colegios juegan, en su opinión, en la economía española: representan el 9% del PIB, el 6% del empleo directo y el 45% del empleo universitario, con una extraordinaria aceptación por parte de la ciudadanía.

Las condiciones de Unión Profesional (UP) para mejorar la acción de los Colegios son el respeto absoluto del artículo 36 de la Constitución, el que trata de estos organismos; el reconocimiento de que son una pieza clave en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas; y la necesidad de que el profesional quede adscrito al colegio donde tiene su domicilio profesional, para que se pueda ejercer correctamente el control deontológico.