NUEVA TRIBUTACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIVILES

Las sociedades civiles, con objeto mercantil, pasarán, desde el 1 de enero de 2016, a tributar por el impuesto de sociedades, y no los socios a través de IRPF en su cuota parte como se hacia hasta ahora.

 

Es un cambio muy importante, y que traerá el análisis sobre la pervivencia o no de muchas de estas sociedades civiles. Se ha de tener en cuenta que, a la responsabilidad personal de estas sociedades, se unirá ahora su tributación a través del impuesto de sociedades.

 

El elemento clave será determinar cuando una sociedad tiene objeto mercantil. En principio tienen carácter mercantil aquellas inscritas en el Registro Mercantil, que hayan sido creadas conformo al Código de Comercio o que realicen actos que le Código establece como mercantiles, que hayan sido constituidas en escritura pública, que tengan ánimo de lucro o que realicen actividades profesionales.

 

La norma incluso establece un proceso de liquidación y disolución, en los primeros seis meses del año 2016, para aquellos que no quieran tributar en el Impuesto de Sociedades.

LAS ASEGURADORAS DEBEN CUBRIR UN ACCIDENTE A PESAR DEL IMPAGO

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en el caso de impago de clientes de un seguro de responsabilidad civil en accidentes de tráfico, estableciendo que la aseguradora asumirá las posibles indemnizaciones hasta que haya notificado resolución del contrato a su cliente, y además conste fehacientemente esta comunicación.

 

De esta manera no valdrá, por parte de la aseguradora, alegar el impago de la prima, sino que quedará liberada de la obligación de indemnizar sólo en el caso de que haya enviado al tomador del seguro la resolución del contrato, y que además se haga por medios fehacientes.

 

En este caso Seguros Bilbao no pudo cobrar la primera prima por falta de fondos en la cuenta que había indicado el cliente, pero no había notificado la resolución del contrato al tomador, cuando se produjo el accidente,  con lo que, a criterio del TS, debe responder de los daños causados en el accidente ocurrido.

 

Se pueden reclamar daños en la carga, sin una queja previa

Un reciente fallo reinterpreta el Código de Comercio y extiende de 24 horas a un año el plazo de reclamación de responsabilidad.

 

La ausencia de reclamación –protesta-, o su realización fuera del plazo legal de 24 horas, no impide el ejercicio de la acción de responsabilidad por daños en la mercancía objeto de transporte, siempre que se haga dentro del plazo de un año, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de julio de 2015, que modifica con ello su jurisprudencia tradicional sobre la materia.

 

Hay que tener en cuenta en este sentido no sólo el Código de Comercio, sino la Ley de Navegación Marítima, la Ley del Contrato de Transporte de Mercancías, y el Convenio de Bruselas y de Ginebra.

Recurso contencioso-administrativo contra el Consejos Superior de los Colegios de Arquitectos de España

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Sentencia 1637/2015, Id Cendoj: 47186330012015100652, dictada el  trece de Julio de dos mil quince, ha inadmitido  el  recurso  contencioso-administrativo,  registrado  con  el  nº 88/2012, presentado por D. Edemiro  contra el acuerdo del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2011, por el que se resuelve el recurso interpuesto por el Arquitecto D.  Hipólito contra el acuerdo de la Comisión de Deontología Profesional del Colegio Oficial de Arquitectos de León de 8 de abril de 2011 y se devuelve el expediente a la citada comisión para su debida tramitación.

 

La Sentencia recuerda el Fundamento Jurídico establecido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de mayo de 1999 (recurso 10713/1999), que acertadamente dispuso que el acuerdo de incoación de un expediente sancionador no es un acto susceptible de ser recurrido en vía contencioso-administrativa: “es de toda evidencia que la incoación de un procedimiento es un acto de puro trámite que, ni determina la imposibilidad de continuación del procedimiento, ni produce indefensión…, por lo que no es susceptible de recurso alguno, ni en vía administrativa, ni menos aún en vía jurisdiccional”.

 

 

Recursos de casación y adjudicaciones a estudios de arquitectura

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en Sentencia 3502/2015, Id Cendoj: 28079120012015100491, dictada el  uno de Julio de dos mil quince, ha desestimado los  recursos  de  casación  interpuestos  por contra  la  Sentencia  de  fecha  22  de  julio  de 2014 dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia con sede en Cartagena, en el Rollo de Procedimiento Abreviado 56/2013.

 

Considera el Tribunal Supremo que es ajustada a Derecho la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que consideró probado que el recurrente como Alcalde, junto con dos concejales de su equipo de gobierno, durante los años 2005, 2006 y 2007 adjudicaron contratos para la elaboración de proyectos técnicos a favor del  Arquitecto Don Olegario,  administrador  único  y  representante  legal  de  “Pixel  Arquitectura  SL”,  por  importe  de  776.552  euros.  Las adjudicaciones se hicieron al margen de los procedimientos previstos al efecto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en aquel momento, de manera que eliminaron la posibilidad de concurrencia a otras empresas y profesionales. Se le adjudicaron directamente los proyectos, sin determinación del objeto del  contrato,  fijación  del  precio  o  el  informe  sobre  la  posibilidad  de  su  ejecución  por  parte  de  los  técnicos municipales. Las adjudicaciones se realizaban inicialmente de forma verbal, y luego se dejaba constancia de una hoja de encargo que no fijaba precio, de manera que la única documentación que figuraba en el expediente era la factura emitida por el mismo y la documentación contable para el pago y su aprobación por la Junta de Gobierno. En definitiva se le daba el tratamiento de “contrato menor”, limitado a supuestos en que el precio era inferior a los 12.020 euros, pese a exceder ese límite cuantitativo.

 

Confirma así la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con privación definitiva de los cargos de Alcalde, respecto del primero, y Concejal, respecto de éstos últimos, así como de los honores que les sean anejos, con la incapacidad de obtener dichos cargos análogos durante el tiempo de la condena, como  autores  de  un  delito  continuado  de

Prevaricación administrativa del  art. 404 del Código Penal y al Arquitecto D. Olegario como cómplice del mismo delito continuado de prevaricación a la pena de cinco años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con incapacidad de obtenerlo durante el citado periodo.

La Movilidad Geográfica de Trabajadores

En este momento, donde cada día son más las ocasiones donde prestamos nuestros servicios fuera del ámbito local e, incluso, en el extranjero (bien en la Unión Europea o fuera), hay que tener en cuenta la diferencia entre el traslado y el desplazamiento.

 

Hay que distinguir el desplazamiento del traslado.

 

El desplazamiento consiste en un cambio temporal de centro de trabajo y que puede realizarse de mutuo acuerdo o con carácter forzoso, y está regulado en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Es muy importante tener en cuenta que en caso de desplazamiento, mayor de 7 días, hay que comunicar a la autoridad laboral dicho hecho, que lo pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

 

El traslado, sin embargo, supone la movilidad geográfica definitiva o aquellas que supere los umbrales del desplazamiento. Este traslado solo puede realizarse de mutuo acuerdo.

 

Para más información, consuútanos.

Demanda por honorarios devengados a Estudio de Arquitectura

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en Sentencia 280/2015, Id Cendoj: 36057370062015100280, dictada el  veintidós de junio de dos mil quince, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Inversora Tucasas, S.L., frente a la Sentencia dictada en fecha 21 de enero de 2014 por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 7 de Vigo en Procedimiento Ordinario 1677/09, que confirma en su integridad. La Sentencia había estimado la demanda interpuesta por Escaleno Arquitectura y Urbanismo, SL frente a la mercantil Inversora Tucasas SL, condenando a la demandada a abonar al estudio de Arquitectura la cantidad de 29.974,4 euros.

 

El  estudio  de  arquitectura  Escaleno  Arquitectura  y Urbanismo,  S.L.  reclamó  el  importe  de  los  honorarios  devengados  a  resultas  de  la  realización  de  parte  de un Proyecto de Ejecución que se corresponde con los trabajos efectivamente desarrollados y hasta su paralización, dado que la promoción finalmente no fue desarrollada. La  parte  demandada  se  opuso  alegando  que  los  únicos  trabajos  realizados  por  la  demandante  se limitaron  a  confeccionar  el  Proyecto  Básico,  así  como  el  reformado,  sin  que  nunca  fuera  contratado  ni elaborado el Proyecto de Ejecución respecto a unas obras que no se iniciaron. En la sentencia de instancia, partiendo de la incuestionable premisa -ya reconocida en la demanda-, de  que  el  Proyecto  de  Ejecución  no  se  ha  concluido,  que  la  razón  de  ello  lo  fue  por  causas  ajenas  a  sus autores, quienes, por lo demás, reclamaron correctamente sus honorarios ajustados a tal circunstancia.

 

A tal efecto, es preciso recordar que las diferentes fases de la actuación profesional de los Arquitectos y su consecuencia en la tarifación de los honorarios, ha sido objeto de regulación reglamentaria. El Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios de Arquitectos en trabajos de su profesión, si bien ha sido parcialmente derogado por la ley 7/1997, de 14 de abril sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo y  colegios  profesionales, mantiene la vigencia de lo que denomina Fases del trabajo, Documentación de las fases y Documentos para el cliente, y cuyo contenido conviene analizar, en tanto que demuestra  cual  es  el  método  de  trabajo  de  los Arquitectos en  la  confección  de  los  proyectos  que  le  son encargados.

 

En  el  apartado  titulado  Fases  del  trabajo,  se  señala  que  en  toda  obra  de  arquitectura  se  pueden distinguir, a efectos de su tarifación, las siguientes fases del trabajo de edificación, cada una de las cuales, comprende a las anteriores y significan un mayor grado de definición y concreción del trabajo, según sea el momento de su desarrollo:

 

  • Estudio previo:  constituye  la  fase  preliminar  en  la  que  se  expresan  las  ideas  que  desarrollan  el encargo de modo elemental y esquemático. Incluye la recogida y sistematización de la información precisa, el planteamiento técnico de necesidades y una estimación orientativa de coste económico, que permitan al cliente adoptar una decisión inicial.
  • Anteproyecto: es  la  fase  del  trabajo  en  la  que  se  exponen  los  aspectos  fundamentales  de las  características  generales  de  la  obra:  funcionales  formales,  constructivas  y  económicas,  al  objeto  de proporcionar una primera imagen global de la misma y establecer un avance de presupuesto.
  • Proyecto básico:  es  la  fase  del  trabajo  en  la  que  se  definen  de  modo  preciso  las  características generales de la obra mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido es suficiente para  solicitar,  una  vez  obtenido  el  visado,  la  licencia  municipal,  pero  insuficiente   para  llevar  a  cabo  la construcción.
  • Proyecto de ejecución: es la fase del trabajo que desarrolla el proyecto básico.
  • Dirección de obra: constituye la fase en que el arquitecto  lleva a cabo la coordinación del equipo técnico-facultativo.

Declaración de Calidad en Servicios de Ingeniería y Arquitectura

La instituciones TECNIBERIA (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos), FIDEX (Foro para la Ingeniería de Excelencia), UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros), CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España),   IIES (Instituto de la Ingeniería de España) y la Fundación Arquitectura COAM, con el objetivo de   alcanzar   la   correcta   y   eficaz   utilización   de   los   fondos   públicos   dedicados   a   la contratación de servicios de Ingeniería y de Arquitectura han suscrito la DECLARACIÓN POR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE ARQUITECTURA.

 

En dicha Declaración, las Asociaciones e Instituciones de Ingeniería y de Arquitectura firmantes, solicitan de todas las Administraciones Públicas lo siguiente:

 

1.- Que en la transposición de las nuevas Directivas Europeas sobre Contratación Pública, se reconozca en la Ley de Contratos del Sector Público el carácter intelectual de los servicios de Ingeniería y de Arquitectura, y la autoría de sus profesionales.

 

2.- Que   se   seleccione   a   los   concursantes   por   experiencia   e   idoneidad   y   se   adjudiquen   los servicios   de   Ingeniería   y   de   Arquitectura   por   criterios   de   calidad   de   la   oferta fundamentalmente,   y   que   sean   desestimadas   por   temerarias   las   ofertas   cuyas   bajas superen la baja media en un margen razonablemente reducido, como ha sido aplicado con anterioridad y éxito durante muchos años y se lleva a cabo en la Comisión Europea, Banco Mundial y otras entidades multilaterales.

 

3.- Que se incorporen y valoren de forma sistemática las mejoras soportadas en I+D+i , así como los criterios de “compra innovadora”.

Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP)

La tramitación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) ha quedado aplazada, al menos hasta que se resuelva el Proceso de Evaluación Mutua de Profesiones Reguladas que está llevando a cabo la Comisión Europea. El Gobierno no la tramitará en esta legislatura según declaró hace unos días el Ministro de Economía.

 

Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional (UP), organización de la que forman parte 35 Consejos generales de Colegios profesionales en representación de más de un millón de adscritos a estos organismos, había declarado que la ley era inaceptable y destacó el papel positivo que los Colegios juegan, en su opinión, en la economía española: representan el 9% del PIB, el 6% del empleo directo y el 45% del empleo universitario, con una extraordinaria aceptación por parte de la ciudadanía.

 

Las condiciones de Unión Profesional (UP) para mejorar la acción de los Colegios son el respeto absoluto del artículo 36 de la Constitución, el que trata de estos organismos; el reconocimiento de que son una pieza clave en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas; y la necesidad de que el profesional quede adscrito al colegio donde tiene su domicilio profesional, para que se pueda ejercer correctamente el control deontológico.

Inspección Técnica de Edificios

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Sentencia 3016/2015, Id Cendoj: 08019330032015100130, dictada el  veintidós de enero de dos mil quince, ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña contra el Decreto del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya 187/2010, de 23 de noviembre, sobre la inspección técnica de los edificios. La Sentencia no es firme y ante la misma puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

Han sido partes codemandadas el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cataluña.

 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña interesaba en la demanda la declaración de nulidad del primer inciso del artículo 7.2 del decreto,  que presenta el siguiente tenor literal:

“Artículo 7. La inspección técnica y el personal inspector. 2. La inspección técnica de edificios de viviendas la lleva a cabo personal técnico con titulación de arquitecto, aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de edificación.”

 

Se denunciaba en la demanda una presunta vulneración, por parte del transcrito artículo 7.2, del principio de reserva de ley consagrado en la Constitución Española , muy particularmente en su artículo 36, donde se dispone que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas.

 

Considera la Sala que la demanda no devalúa las normas legales y la amplia jurisprudencia desarrollada sobre la evidente e íntima relación entre los conocimientos precisos para proyectar y dirigir la construcción de edificio o algunos de los elementos integrados en los mismos y los adecuados para informar sobre su estado de conservación lo que justifica –a juicio de la Sala- la racionalidad jurídica de la norma puesta en entredicho.”